La corrupción en Sinaloa y México se refleja en el saqueo y la mala gestión de los poderes públicos, afectando también al periodismo y la economía. Muchos medios dependen de recursos gubernamentales o prácticas como el “chayote”, lo que los convierte en mediadores interesados entre gobernantes y sociedad. Frente a ello, la Convención de Mérida constituye el principal instrumento internacional contra la corrupción, estableciendo pautas de prevención, persecución y cooperación, además de exigir evaluaciones periódicas. El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno, sector privado y ciudadanía, pues vulnera todos los derechos humanos. El periodismo, históricamente marcado por la reproducción de versiones interesadas o la distorsión de la realidad, hoy enfrenta manipulación estratégica, extorsión y populismo digital. Su salida no está en aliarse con los poderes, sino en mantener independencia y ejercer vigilancia crítica en beneficio de la sociedad.
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